Soy Sara y tengo dos hijas, la mayor de seis años y la pequeña de cuatro. No puedo verlas, ni escucharlas, ni hablar con ellas desde hace dos años, los peores de mi vida.
“Mi mamá está castigada” es la frase que mi hija mayor le dijo al equipo psicosocial de Badajoz el 10 diciembre de 2019, después de 8 meses sin contacto conmigo. Tenía razón. Me he sentido castigada, hostigada, maltratada, primero por mi expareja y después por todo el sistema de protección al que me vi obligada a entrar cuando el médico de familia inició el procedimiento por violencia de género. Eso sucedió en febrero de 2016 al acudir con enorme ansiedad y pánico a la revisión de la matrona por mi segundo embarazo. Ese día decidí que tenía que marcharme con mi hija por pura supervivencia.
Tras marcharme a casa de mis padres, mi hija mayor que entonces tenía un añito, siguió manteniendo contacto con el padre y, durante esas visitas, empezó a presentar indicios de que estaba siendo abusada y a verbalizar lo que le hacia su padre cuando estaba con él. La veracidad de sus manifestaciones ha sido acreditada y se recoge en diversos informes y otros documentos a lo largo de este proceso judicial. Yo la he creído siempre y he intentado protegerla por todos los medios, por eso, aterrorizada por lo que ella manifestaba y aconsejada por profesionales, interrumpí las visitas.
Tras un largo y complejo proceso judicial, el 10 de abril de 2019 me arrancaron a mis hijas. Él me había denunciado por secuestro, pero yo no había sido notificada de que tenía que entregarlas, ni dónde hacerlo, ni cuándo. Mi hija mayor tenía entonces 4 años y la pequeña algo más de 2 años y medio. Me las arrebató de manera brutal la policía de la UFAM, la Unidad de Familia y Atención a la Mujer que, se supone, es la especializada en Extremadura (España) para atender a las mujeres víctimas de violencia de género.
El arrancamiento se produjo tras detenerme con mi hija pequeña en el juzgado, cuando iba a recoger una documentación. Desde allí nos condujeron a la comisaria de Badajoz donde nos retuvieron largas horas hasta que trajeron a mi hija mayor. Mientras recibía un trato vejatorio, pude escuchar como mis hijas me llamaban desconsoladas, gritando y llorando cuando el padre y los abuelos paternos de la mayor (pues mi segunda hija no tiene filiación paterna reconocida) las metían en el coche para llevárselas. Entregaron a mis hijas a un desconocido para la pequeña y por el que la mayor sentía miedo. Tal y como ella había expresado a su pediatra y a otras profesionales, y como tantas veces me había dicho a mí, no quería estar con él. Lo que mis hijas han manifestado ante algún profesional o equipo psicosocial nunca se ha tenido en cuenta.
Desde aquel día, no las he vuelto a ver ni he hablado con ellas a pesar de que no hay ninguna orden de alejamiento ni de incomunicación…ese hombre no me lo ha permitido a pesar de habérselo rogado de todas las maneras posibles. Ha cumplido su amenaza, tantas veces repetida, de quitarmelas y no permitirme volver a verlas; esa amenaza con la que él, reiteradamente, me paralizaba y hacía que no saliera huyendo del infierno en el que me encontraba durante los años que viví de maltrato continuado. Sólo sus abuelos maternos, después de casi dos años, pueden verlas en un punto de encuentro familiar teniendo prohibido nombrarme, a pesar de que ellas preguntan y quieren verme. El bien superior de mis hijas no está en el centro de ningún procedimiento judicial, ni de ningún otro sistema de protección.
Juzgada a instancias de mi expareja por el secuestro de mis propias hijas, en enero de 2021 he sido condenada a 4 años de prisión, 4 de inhabilitación de la patria potestad de mis hijas, incluso de la pequeña sin filiación paterna reconocida, y a 15.000 euros de indemnización por daño moral. Soy inocente. He sido castigada por proteger a mis hijas. Y sé que por más vueltas que le doy, no podría haber hecho otra cosa.
De nada ha servido demostrar en el juicio, con más de una quincena de testigos y con una extensa documentación acreditativa, que mis hijas siempre habían estado conmigo, que residíamos en el mismo sitio, que hacíamos vida completamente normal, que estaban perfectamente, que él nos veía por la calle, que el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) me había amparado, que en dos ocasiones la jueza de Instrucción había denegado mi detención y la entrega violenta de mis hijas por las consecuencias que podría tener esa separación de la figura materna para ellas … De nada ha servido.
El juicio de las medidas definitivas de guarda y custodia se celebrará el próximo 27 de abril de 2021 en la ciudad de Zafra (Badajoz). Habiendo sido condenada por secuestro mis posibilidades de volver a ver a mis hijas son mínimas.
Se que soy inocente, por eso sólo me queda contar mi historia, que increíblemente es la de muchas otras mujeres, para sensibilizar y movilizar a la sociedad. Y confiar en que alguna medida me permita volver a ver a mis hijas y a no perder el vínculo con ellas y que no se las condene a no tener madre cuando sí la tienen. Soy su madre