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09.05.2021 - 19:58
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Los gobiernos han utilizado el Covid-19 para justificar una dependencia aún mayor de la vigilancia digital, argumentando que ésta es necesaria para aplicar medidas de distanciamiento social.

Este proyecto se centra en tres países -Francia, España y Reino Unido- en los que las tecnologías de vigilancia se han incorporado y normalizado cotidianamente en la actividad policial, reforzando a menudo los prejuicios negativos de clase y raza, sin ningún debate público significativo.

 

 

Vivimos en la sociedad de la vigilancia. Ya sea en las calles o en la intimidad de nuestros hogares, los Estados pagan con dinero público a empresas privadas para que nos espíen.

El espionaje estatal no es algo nuevo: los gobiernos tienen una larga historia de espionaje a las poblaciones insubordinadas a fin de adelantarse a ellas y acabar con posibles amenazas antes de que se hicieran realidad. Sin embargo, los avances de la tecnología digital en las últimas décadas han allanado el camino para que los Estados vigilen a poblaciones enteras hasta un nivel sin precedentes y profundamente preocupante. Antes, los gobiernos espiaban a objetivos específicos, hoy la tecnología digital ofrece el equipamiento para espiarnos a todos, todo el tiempo: todo el mundo es sospechoso, nadie está a salvo.

George Orwell advirtió de un futuro distópico en el que «siempre había ojos que te observaban… despierto o dormido, dentro o fuera de casa… [donde] nada era tuyo salvo los pocos centímetros cúbicos de tu cráneo». Este futuro distópico es ahora una realidad. El desarrollo de la vigilancia digital y la existencia de un mercado de productos de alta tecnología en constante expansión, junto con una narrativa de seguridad nacional aparentemente incuestionable y una tendencia a la privatización de los servicios públicos, ha supuesto que los Estados dependan ahora de múltiples herramientas digitales para vigilar y controlar a la sociedad. La tecnología de reconocimiento facial, las herramientas de extracción de datos telefónicos, los drones y las cámaras CCTV, entre otras tecnologías de vigilancia, se despliegan actualmente de forma rutinaria para vigilar a las poblaciones, sin tener en cuenta su impacto en la privacidad y los derechos fundamentales.

Desde su aparición, los gobiernos han utilizado el Covid-19 para justificar una dependencia aún mayor de la vigilancia digital, argumentando que esta es necesaria para aplicar medidas de distanciamiento social. Han aumentado los vuelos de drones, algunos de ellos con imágenes térmicas, y las aplicaciones de seguimiento del Covid-19, que son capaces de vigilar todos nuestros movimientos y recopilar enormes cantidades de datos sobre nuestra vida cotidiana. Esto es una vigilancia estatal “hormonada”. Del mismo modo, las empresas de alta tecnología, ávidas de beneficios, se han apresurado a afirmar que las herramientas biométricas, como el reconocimiento facial o los escáneres de retina, son tan fiables y necesarias como nunca antes, aprovechando una crisis sanitaria mundial para comercializar sus herramientas de vigilancia como parte de la solución a un problema de salud. Todos tenemos derecho a la intimidad. Cuando se viola este derecho, se producen importantes repercusiones en el cumplimiento de otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida familiar, la libertad de expresión, la libertad de reunión, de movimiento y de religión. Para quienes participan activamente en los movimientos sociales, saber que cada uno de nuestros pasos está potencialmente vigilado puede tener un efecto escalofriante en nuestro activismo y en la forma que adoptan nuestras luchas políticas.

Este proyecto se centra en tres países -Francia, España y Reino Unido- en los que las tecnologías de vigilancia se han incorporado y normalizado cotidianamente en la actividad policial, reforzando a menudo los prejuicios negativos de clase y raza, sin ningún debate público significativo. Explicaremos cuáles son las tecnologías utilizadas y su impacto en una sociedad civil políticamente activa. Igualmente, expondremos los enormes beneficios que obtienen las empresas. Por último, esbozaremos algunas recomendaciones que, si se ponen en práctica, podrían cambiar el rumbo de la vigilancia masiva.