Dinamarca acaba de prohibir todos los productos de Google a nivel público. El resto de Europa va detrás

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Dina­marca ha deci­dido ir un paso más allá. Habí­a­mos visto países como Austria o Fran­cia que deci­di­e­ron que el uso de Google Analy­tics era ilegal, pero ahora Dina­marca ha orde­nado prohi­bir el uso de todos los produc­tos de Google en todos sus muni­ci­pios.

La Agen­cia de Protec­ción de Datos danesa se pone seria. La deci­sión surge a raíz de un caso concreto del ayun­ta­mi­ento de Helsingør. La Agen­cia danesa super­visó el uso de los Chro­me­books y Google Works­pace en las escu­e­las, para poste­ri­or­mente acabar bloque­ando su uso no solo en ese muni­ci­pio, sino en todos los de Dina­marca que tengan un caso equi­va­lente. La prohi­bi­ción es para Google Works­pace, pero a la prác­tica supone todos los produc­tos de Google para admi­nis­tra­ci­o­nes y escu­e­las públi­cas.

 

Los datos no se pueden enviar a Esta­dos Unidos. La auto­ri­dad de datos ha concluido que el uso de Google Works­pace no cumple con el Regla­mento Gene­ral de Protec­ción de Datos. Los datos de esas escu­e­las se podían estar envi­ando a Esta­dos Unidos sin los nive­les de segu­ri­dad nece­sa­rios. Para evitarlo, se prohíbe el uso de esos produc­tos de Google.

El argu­mento no es nuevo, ya que es el mismo utili­zado por otras agen­cias de protec­ción de datos euro­peas. El debate es conse­cu­en­cia de la fina­li­za­ción del deno­mi­nado como 'Privacy Shield’, por el cual desde Europa se podían enviar datos a Esta­dos Unidos. Una vez la justi­cia deter­minó que eso era ilegal, el uso de estas herra­mi­en­tas está en entre­di­cho.

De apli­ca­ción casi inme­di­ata. El ayun­ta­mi­ento tiene hasta el 3 de agosto para dejar de usar Google. Además deberán elimi­nar todos los datos previ­a­mente trans­fe­ri­dos, bajo penas de hasta 6 meses de cárcel en caso de no hacerlo. No es una tarea fácil, porque como explica Paloma Llaneza, abogada espe­ci­a­li­zada en Protec­ción de Datos, «han de ponerse en contacto con los padres de los alum­nos inscri­tos para llevar a cabo las correc­ci­o­nes, anoni­mi­za­ci­o­nes o elimi­na­ci­o­nes de los datos perso­na­les que los padres no puedan hacer por sí mismos».

Ahora es Dina­marca, mañana puede ser España. El caso de Dina­marca puede exten­derse rápi­da­mente por Europa, a medida que más orga­ni­za­ci­o­nes de Protec­ción de Datos tomen una deci­sión. En el caso de España, a medi­a­dos de febrero se soli­citó a la AEPD que expli­case su postura, pero toda­vía no se ha pronun­ci­ado. Habrá que estar atento a la posi­ble posi­ción de la AEPD. En nues­tro país se ha pregun­tado sobre Google Analy­tics, pero el caso de Dina­marca mues­tra que este debate puede acabar exten­di­én­dose a todos los produc­tos de Google.
 

La «solu­ción» está pactada, pero sin hacer. El pasado marzo, Esta­dos Unidos y la Unión Euro­pea llega­ron a un acuerdo para la reali­za­ción de un tercer tratado de datos trans­o­ceá­ni­cos. Un nuevo 'Privacy Shield’ que ampare este flujo de datos, como el de las apli­ca­ci­o­nes de Google. Sin embargo, el encaje a nivel legal con las reglas de priva­ci­dad euro­peas no es fácil. Este acuerdo toda­vía no se ha concre­tado, no se cono­cen los deta­lles de cómo se apli­cará y tampoco está asegu­rado que la justi­cia euro­pea no vaya de nuevo a decir que es ilegal.

Hasta que este acuerdo de datos trans­o­ceá­ni­cos no se mate­ri­a­lice, muchas agen­cias de protec­ción de datos euro­peas tienen la potes­tad de hacer cumplir el RGPD. Y esto implica que la priva­ci­dad de los ciuda­da­nos euro­peos puede no ser compa­ti­ble con el uso de algu­nas herra­mi­en­tas de Google.