Bruselas quiere prohibir el uso de datos personales como el género o la etnia para segmentar la publicidad política en redes

La propu­esta de la Comi­sión Euro­pea, que afecta direc­ta­mente a plata­for­mas como Face­book, Twit­ter y Google, prevé que cual­quier anun­cio polí­tico debe estar clara­mente etique­tado como tal y debe incluir la infor­ma­ción de quién lo pagó y cuánto pagó por él

La Comi­sión Euro­pea ha presen­tado este jueves una propu­esta sobre trans­pa­ren­cia y segmen­ta­ción de la publi­ci­dad polí­tica para avan­zar en la protec­ción de la «inte­gri­dad elec­to­ral y el debate democrá­tico abierto». Y lo que propone Bruse­las, que afecta direc­ta­mente a plata­for­mas como Face­book, Twit­ter y Google, prevé que cual­quier anun­cio polí­tico debe estar clara­mente etique­tado como tal y debe incluir la infor­ma­ción de quién lo pagó y cuánto pagó por él.

Las técni­cas de segmen­ta­ción y opti­mi­za­ción polí­tica deben expli­carse públi­ca­mente con deta­lle y se prohi­bi­rían cuando se utili­cen datos perso­na­les confi­den­ci­a­les sin el consen­ti­mi­ento explí­cito de la persona. ¿Se prohi­birá la segmen­ta­ción para la publi­ci­dad polí­tica? «No, no en gene­ral», dice la Comi­sión Euro­pea: «Sin embargo, se prohi­birán las técni­cas de segmen­ta­ción y opti­mi­za­ción polí­tica que utili­cen o infi­e­ran datos perso­na­les confi­den­ci­a­les (como se define en el regla­mento de protec­ción de datos), a menos que una persona lo consi­enta explí­ci­ta­mente. Los datos perso­na­les confi­den­ci­a­les tienen que ver con el origen racial o étnico, opini­o­nes polí­ti­cas, creen­cias reli­gi­o­sas o filo­só­fi­cas o afili­a­ción sindi­cal, así como datos gené­ti­cos, biomé­tri­cos y de salud o infor­ma­ción sobre la vida sexual u orien­ta­ción sexual de una persona».

La Comi­sión Euro­pea también propone actu­a­li­zar las normas actu­a­les de la UE rela­ti­vas a los «ciuda­da­nos móvi­les» euro­peos y su dere­cho de voto en las elec­ci­o­nes euro­peas y muni­ci­pa­les, así como en los parti­dos polí­ti­cos euro­peos y funda­ci­o­nes.

«Las perso­nas deben poder distin­guir fácil­mente si están viendo conte­nido polí­tico pagado, tanto online como offline, y poder parti­ci­par en los deba­tes sin desin­for­ma­ción, inter­fe­ren­cias ni mani­pu­la­ción. La gente debe­ría poder ver clara­mente quién patro­cinó un anun­cio polí­tico y por qué», dice Bruse­las.

La propu­esta de la Comi­sión Euro­pea se refi­ere a «anun­cios de, para o en nombre de un actor polí­tico, así como la publi­ci­dad de temas que pueden influir en el resul­tado de una elec­ción o refe­rén­dum, un proceso legis­la­tivo o regu­la­to­rio o el compor­ta­mi­ento de la vota­ción».

«La publi­ci­dad polí­tica debe estar clara­mente etique­tada y propor­ci­o­nar un conjunto de infor­ma­ción deter­mi­nado: el nombre del paga­dor en un lugar desta­cado y un aviso con la canti­dad gastada en el anun­cio, las fuen­tes de los fondos utili­za­dos y el vínculo entre el anun­cio y las elec­ci­o­nes rele­van­tes o refe­ren­dos», afirma Bruse­las.

De acuerdo con las propu­es­tas del Ejecu­tivo comu­ni­ta­rio «se prohi­birán las técni­cas de segmen­ta­ción y opti­mi­za­ción que utili­cen datos perso­na­les sensi­bles, como el origen étnico, las creen­cias reli­gi­o­sas o la orien­ta­ción sexual. Dichas técni­cas sólo se permi­tirán después del consen­ti­mi­ento explí­cito de las perso­nas. La segmen­ta­ción también podría permi­tirse en el contexto de acti­vi­da­des legí­ti­mas de funda­ci­o­nes, asoci­a­ci­o­nes u orga­nis­mos sin fines de lucro con un obje­tivo polí­tico, filo­só­fico, reli­gi­oso o sindi­cal cuando se dirija a sus propios miem­bros».

«Por primera vez», dice Bruse­las, «será obli­ga­to­rio incluir en los anun­cios infor­ma­ción sobre la base por la que se dirige a la persona que la recibe, y publi­car a qué grupos de perso­nas se ha diri­gido, en función de qué crite­rios y con qué herra­mi­en­tas o méto­dos de ampli­fi­ca­ción, entre otros».

«Las orga­ni­za­ci­o­nes que hacen uso de las técni­cas de segmen­ta­ción y opti­mi­za­ción polí­tica deberán adop­tar, apli­car y hacer pública la polí­tica interna sobre el uso de tales técni­cas. Si no se pueden cumplir todos los requi­si­tos de trans­pa­ren­cia, no se puede publi­car un anun­cio polí­tico», senten­cia la Comi­sión Euro­pea.

El Ejecu­tivo comu­ni­ta­rio prevé multas por incum­pli­mi­ento: «Los Esta­dos miem­bros deberán intro­du­cir multas efec­ti­vas, propor­ci­o­na­das y disu­a­so­rias cuando se infrin­jan las normas sobre trans­pa­ren­cia de la publi­ci­dad polí­tica: las auto­ri­da­des naci­o­na­les de protec­ción de datos super­vi­sarán espe­cí­fi­ca­mente el uso de datos perso­na­les para la segmen­ta­ción polí­tica, y estarán facul­ta­das para impo­ner multas de confor­mi­dad con las normas de protec­ción de datos de la UE».

La Comi­sión Euro­pea también propone revi­sar las normas de la UE sobre finan­ci­a­ción de funda­ci­o­nes y parti­dos polí­ti­cos euro­peos. Según Bruse­las, «el marco actual presenta una serie de lagu­nas que impi­den que los parti­dos y las funda­ci­o­nes funci­o­nen y cumplan su misión de repre­sen­tar la voz de los ciuda­da­nos de la UE».

Así, «las actu­a­li­za­ci­o­nes del regla­mento buscan faci­li­tar las inter­ac­ci­o­nes de los parti­dos polí­ti­cos euro­peos con sus parti­dos miem­bros naci­o­na­les, aumen­tar la trans­pa­ren­cia, en parti­cu­lar en rela­ción con la publi­ci­dad polí­tica y las dona­ci­o­nes, redu­cir la carga admi­nis­tra­tiva exce­siva y aumen­tar la viabi­li­dad finan­ci­era de los parti­dos polí­ti­cos y las funda­ci­o­nes euro­peos».

Por último, la Comi­sión ha propu­esto actu­a­li­zar las normas sobre elec­ci­o­nes euro­peas y muni­ci­pa­les para los ciuda­da­nos de la UE que resi­den en un Estado miem­bro dife­rente al de su naci­o­na­li­dad («ciuda­da­nos de la UE móvi­les»).

Si bien hay alre­de­dor de 13,5 millo­nes de ciuda­da­nos de ese tipo, muy pocos ejer­cen su dere­cho de voto en las elec­ci­o­nes euro­peas y muni­ci­pa­les, dice la Comi­sión Euro­pea, que propone enmi­en­das a las direc­ti­vas sobre dere­chos elec­to­ra­les, como la obli­ga­ción de «infor­mar a los ciuda­da­nos de forma proac­tiva de sus dere­chos elec­to­ra­les, utili­zar plan­ti­llas estan­da­ri­za­das para el regis­tro como votan­tes o candi­da­tos, así como el uso de la lengua de los ciuda­da­nos móvi­les de la UE que resi­den en el terri­to­rio. La propu­esta también incluye salva­guar­das para que los ciuda­da­nos móvi­les de la UE no sean dados de baja del censo elec­to­ral en el país de origen».

Las propu­es­tas de la Comi­sión Euro­pea pasan ahora a ser deba­ti­das por el Parla­mento Euro­peo y el Consejo. El obje­tivo es que las nuevas normas entren en vigor en la prima­vera de 2023, es decir, un año antes de las elec­ci­o­nes euro­peas.

Foto: Plata­for­mas como Face­book o Twit­ter ya se han adap­tado a esta reali­dad y permi­ten, a través de un formu­la­rio, gesti­o­nar esta situ­a­ción para que, o bien se cierre la cuenta, o se convi­erta en una conme­mo­ra­tiva. EFE/EPA/IAN LANGS­DON/Archivo