Apple pagará 113 millones en EE UU por haber ralentizado a propósito los iPhone viejos

  • La multi­na­ci­o­nal de la manzana ha llegado a un acuerdo extra­ju­di­cial con 33 esta­dos que la acusa­ban de engaño.
  • Es la segunda vez este año que Apple acuerda pagar una indem­ni­za­ción para evitar un juicio en EE UU.

La multi­na­ci­o­nal Apple ha alcan­zado un acuerdo extra­ju­di­cial en EE UU por el que pagará 113 millo­nes de dóla­res por haber ralen­ti­zado deli­be­ra­da­mente los mode­los anti­guos de sus telé­fo­nos iPhone, según infor­ma­ron este miér­co­les las partes.

Los deman­dan­tes en este caso son una coali­ción de 33 esta­dos (entre ellos Cali­for­nia, Texas, Arizona, Arkan­sas e Indi­ana) y el Distrito de Colum­bia (donde se encu­en­tra Washing­ton, la capi­tal) que acusa­ban a Apple de haber engañado a los clien­tes y de haber escon­dido infor­ma­ción rele­vante.

La firma que dirige Tim Cook admi­tió hace tiempo que había ralen­ti­zado el funci­o­na­mi­ento de mode­los de iPhone anti­guos como el 6 y el 7 medi­ante las actu­a­li­za­ci­o­nes del sistema opera­tivo iOS, con el obje­tivo, según la compañía, de compen­sar la capa­ci­dad más limi­tada de sus bate­rías y preve­nir así que los dispo­si­ti­vos se sobre­car­ga­sen y apaga­sen.

Sin embargo, hubo voces tanto desde los consu­mi­do­res como desde los Gobi­er­nos esta­ta­les que consi­de­ra­ron que lo que Apple estaba haci­endo al ralen­ti­zar los mode­los anti­guos era empe­o­rar su funci­o­na­mi­ento e incen­ti­var así la compra de nuevos telé­fo­nos y bate­rías, por lo que deman­da­ron a la empresa.

El pasado marzo, la firma de la manzana mordida ya alcanzó otro acuerdo extra­ju­di­cial por el mismo motivo, en ese caso ante una demanda colec­tiva presen­tada por usua­rios a los que aceptó pagar un total de 500 millo­nes de dóla­res.

En los márge­nes de la ley

Un elemento clave del caso es que aunque la prác­tica de Apple de ralen­ti­zar los iPhone para preve­nir proble­mas con las bate­rías no fuese ilegal, según los aboga­dos, el hecho de que la empresa no lo comu­ni­case abier­ta­mente a los afec­ta­dos les hizo creer que se trataba de un problema de obso­les­cen­cia de sus telé­fo­nos y les llevó a comprar nuevos mode­los.

Siem­pre según los aboga­dos de los deman­dan­tes, de haber sabido el motivo por el que sus telé­fo­nos se habían ralen­ti­zado, los usua­rios podrían haber reem­pla­zado la bate­ría en lugar de comprar un nuevo dispo­si­tivo, lo que hubi­ese tenido un coste econó­mico mucho menor.