El sindicato UGT denunció a la empresa de Jeff Bezos por exigir el certificado de ausencia de penales para trabajar como repartidores.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dado la razón al sindicato UGT y sanciona a Amazon a pagar dos millones de euros por vulnerar la privacidad de los repartidores a los que se les exigía el certificado de ausencia de penales para poder iniciar la actividad como repartidor en el modelo de Amazon Flex.
En la denuncia, que fue impuesta en 2019, el sindicato demostró que se exigía dicha documentación personal para trabajar en la empresa. Una información que, según explica UGT en un comunicado, es tan “sumamente personal que solo se puede solicitar cuando las empresas están facultadas legalmente para hacerlo y en el caso de cierto tipo de trabajos como el cuidado de menores, ya que tanto la Constitución como el Estatuto de los Trabajadores prohíben la discriminación de trabajadores y solicitar este tipo de certificados limitaría la posibilidad de la reinserción de quienes tienen antecedentes penales”.
El sindicato celebra “esta sentencia pionera” y recuerda que el modelo laboral de Amazon Flex ya fue sancionado por la Inspección de Trabajo en octubre de 2020
La AEPD ha calificado esta infracción como “muy grave” y ha tenido en cuenta la duración de la falta, que el número de personas afectadas es muy elevado, el nivel de daños provocados a las personas, que no han podido acceder al trabajo y, para los que han accedido, el riesgo sobre su privacidad al que han sido expuestos, y considera, además, que “la negligencia apreciada en la comisión de la infracción, teniendo en cuenta que los requisitos exigidos por la entidad reclamada a los transportistas van más allá de lo requerido por la normativa reguladora del transporte de mercancías”.
El sindicato celebra “esta sentencia pionera” y recuerda que el modelo laboral de Amazon Flex ya fue sancionado por la Inspección de Trabajo en octubre de 2020, por tener bajo su sistema de reparto a falsos autónomos. Una denuncia interpuesta también por UGT que supuso el alta de oficio de más de 4.000 repartidores y una multa económica de 6,2 millones de euros.