El SES derivó a Natalia Calderón a una clínica privada porque los ginecólogos no le daban el tratamiento por objeción de conciencia
«Este es un problema que hay que solucionar. Nosotros no elegimos esto, nos vimos obligados y creo que es hora de abrir un debate público para remover conciencias. Que otra extremeña en mi situación no se vea sin el amparo de la sanidad pública».
Quien habla es Natalia Calderón (35 años, veterinaria, Badajoz), que denuncia que el Hospital Materno se ha negado a practicarle un aborto terapéutico y le derivaron a una clínica privada. Dudaba si hacer público su caso, hasta que la pasada semana se conoció la misma denuncia de una médico de Madrid.
El caso de Natalia es el siguiente. Cuando estaba de 20 semanas de gestación, el 4 de agosto, visitó las Urgencias de este hospital por la mañana debido a un pequeño sangrado, al que no dieron importancia. Se marchó. Por la tarde rompió aguas y volvió.
A la mañana siguiente le explicaron que había perdido todo el líquido amniótico de la bolsa, lo que ponía en riesgo su vida y afectaba al desarrollo general del bebé. «No había opción para nuestra hija Blanca». Pulmones y riñones no estaban listos, lo que hacía que el feto corriera serio riesgo de malformaciones graves y de ser incompatible con la vida.
Le indicaron que iban a esperar al fin de semana porque había posibilidades de que se pusiera de parto de forma natural. Pero no ocurrió.
«La opción que nos daban era la interrupción del embarazo, pero nos derivaban a una clínica privada de Badajoz o Sevilla». El hospital solo intervendría si la madre presentaba complicaciones médicas o si el feto moría. Mientras hubiera latido fetal, no habría aborto.
Los médicos le informaron que el bebé mantenía el latido y que el servicio de ginecología del hospital no le iba a facilitar el tratamiento hormonal que ella reclamaba para parir a Blanca, tenerla en brazos el tiempo que pudiera y despedirse. Argumentaron objeción de conciencia.
Le informaron de que ella corría peligro por infección de útero o secuelas a nivel reproductivo, entre otros posibles efectos adversos. Por ese motivo la ingresaron y le administraron antibióticos durante dos semanas.
Alargar una agonía
«¿Qué sentido tiene alargar una agonía de esa manera, sabiendo que ella no iba a poder vivir y que yo corría peligro?», se pregunta.
Esa misma cuestión la planteó cada día a los médicos, que le repetían que mientras hubiera latido ella estaría en el hospital controlada.
«Me ofrecieron la posibilidad de ir a Sevilla, donde me practicarían un feticidio, que consiste en pincharme en la barriga hasta llegar a mi hija y pararle el corazón. Y entonces sí volvería al Materno y aquí la sacaban. Pero esa no era una opción para mí». Así que terminó aceptando lo que no quería, que era acudir a la clínica Guadiana Los Arcos. Es la única acreditada en toda la región para realizar interrupciones voluntarias de embarazo hasta la semana 14 en la región. «Pero no es lo mismo. Hay que separar casos como el nuestro de una elección voluntaria hasta la semana 14».
El SES deriva a esta clínica de Badajoz todos los casos similares al de Natalia que se dan en Extremadura, también las de la provincia de Cáceres. Es decir, hasta las 22 semanas si cumplen los supuestos de la ley de 2010. Extremadura es una de las cinco regiones donde los centros públicos no practican abortos en ningún caso.
Para embarazos que superen las 22 semanas, cuya interrupción debe hacerse con un dictamen previo de un comité clínico, las extremeñas deben trasladarse a clínicas privadas de Madrid o Sevilla.
Natalia se decidió justo antes de cumplir las 22 semanas de gestación porque cumplía los supuestos legales. Estos son la existencia de un grave riesgo para la vida o salud de la embarazada, anomalías graves en el feto o presencia de anomalías fetales incompatibles con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable.
Pero Natalia no pudo quedarse en el hospital público ni pudo elegir cómo despedirse de la niña. Le intervinieron quirúrgicamente y con anestesia general.
Por eso esta pacense reivindica su derecho a recibir el tratamiento en el sistema público en un momento muy duro. «Te cierran las puertas y te derivan al sistema privado, donde no te dejan elegir cómo finalizar. Nosotros queríamos un parto lo más natural posible y fue instrumentalizado. Esta situación no la hemos elegido y queríamos hacerla más humana», añade. «No es de recibo que no puedas tener un final digno. El trauma es mucho mayor y no es justo. Soy sanitaria (veterinaria) y nuestro deber es ahorrar sufrimiento».
Entiende la objeción
Tanto Natalia Calderón como Víctor Sánchez, su marido, dicen que han encontrado un apoyo muy sólido en todo el personal del Materno. Agradecen el trato a los matrones, auxiliares y celadores. Y también a los médicos. Dicen que ellos entienden la objeción de conciencia, pero que no pueden comprender que el SES no tenga un equipo preparado para atender este tipo de casos en toda la región. Tampoco que «el derecho a la objeción de conciencia de un sanitario esté por encima al derecho a la salud de una mujer».
Esta semana se ha sabido que el Ministerio de Igualdad quiere crear un registro de médicos objetores para garantizar el derecho al aborto en los hospitales públicos y ha abierto la reforma de la ley de salud sexual para ello a consulta pública.
Natalia y su marido, Víctor, continúan en estado de shock más de un mes después de que surgieran los problemas en el embarazo. Dicen estar atravesando un duelo incomprendido porque escuchan con insistencia la frase «sois jóvenes, ya vendrán otros hijos». Pero ellos ni olvidan a Blanca ni que le hayan impedido «despedirse» de su hija.
Creen que el sistema sanitario debía ofrecer atención psicológica a las parejas que afrontan una situación de este tipo. Ellos han acudido a uno privado desde el comienzo del proceso porque el SES no lo ofrece.
Natalia Calderón cuenta su caso porque quiere reivindicar que ninguna extremeña se vuelva a ver en una situación como esta.
El SES revisará los protocolos
Natalia Calderón y su marido, Víctor Sánchez, se reunieron con el consejero de Sanidad, José María Vergeles, para exponerles su caso y su reclamación la pasada semana. Desde el SES indican que el consejero se ha comprometido a estudiar el caso y a revisar los protocolos.
Sus familiares presentaron su caso a la dirección médica del hospital durante el ingreso, donde le trasladaron que no podían hacer nada ante la objeción de conciencia de los médicos por ser una decisión individual. De momento no han presentado una reclamación por escrito, algo que están barajando.