Las familias que perdieron hijos por suicidio y sobredosis y demandan por ello a las redes sociales

La adoles­cente esta­do­u­nidense Morgan Pieper estaba a punto de cumplir 12 años cuando empezó a usar las redes socia­les.

«Tenía una cuenta de Facebook. Creo que al prin­cipio su uso era muy limitado», dice su madre, Kris­tina Cahak, a BBC News Brasil.

Sin embargo, Kris­tina dice que durante los siguien­tes tres años su hija se volvió cada vez más «adicta», abriendo cuen­tas múlti­ples en redes como Instagram y Snap­chat en las que usaba nombres falsos, sin que la fami­lia lo supiera.

«Le afec­taba el sueño. A veces me desper­taba a las 3 de la madrugada y veía luz en su habita­ción», recuerda Kris­tina, quién empezó a notar cierta melan­co­lía en su hija.

Sin embargo, Morgan conti­nuó viendo y publi­cando mate­rial sobre depre­sión, auto­le­sio­nes y suicidio en varias cuen­tas abier­tas con iden­ti­da­des falsas que Kris­tina ni siquiera sospe­chaba que exis­tie­ran.

La fami­lia no descu­brió la vida digital para­lela de Morgan hasta su suicidio en 2015, a la edad de 15 años.

Morgan era la menor de tres herma­nos. «Ella era mi bebé», dice su madre.

«Era muy inteli­gente, sensible, diver­tida y caris­má­tica. Uno de los seres huma­nos más increíbles que he cono­cido».

Kris­tina sospe­chaba que su hija podía estar deprimida, pero nunca imaginó que tuviera pensa­mien­tos suici­das.

«Soy enfer­mera desde hace casi 30 años, trabajé en salud mental. Esa es la ironía de mi historia, no vi las seña­les mien­tras ella todavía estaba con noso­t­ros», dice.

Kris­tina es una de los cien­tos de madres y padres en Esta­dos Unidos que están deman­dando a las empre­sas de redes socia­les por presun­tos «daños físi­cos, menta­les o emocio­na­les» que sufren niños y adoles­cen­tes al utilizar estas plata­for­mas.

Presentó una demanda contra Meta, propie­ta­ria de Facebook e Instagram, y Snap, propie­ta­ria de Snap­chat.

Las deman­das de otras fami­lias también apun­tan a Google, que gestiona YouTube, y a Byte­Dance, que gestiona TikTok.

Las deman­das alegan que la «crisis de salud mental sin prece­den­tes entre los niños» es alimen­tada por los produc­tos «defec­tuo­sos», «adic­ti­vos» y «peli­gro­sos» que estas empre­sas desa­rro­llan.

El obje­tivo es que las empre­sas suspen­dan prác­ti­cas iden­ti­fi­ca­das como nocivas y, en muchos casos, piden una indem­niza­ción.

Las empre­sas recha­zan las acusacio­nes y dicen que imple­men­tan y actua­li­zan cons­tante­mente herra­mien­tas y funcio­nes para prote­ger a niños y adoles­cen­tes en sus plata­for­mas.

Pero los deman­dan­tes afir­man que las medi­das son insufi­cien­tes y están mal super­vi­sa­das.

Existe gran preo­cupa­ción por el tema en EE.UU., dados los altos índi­ces de ansie­dad y depre­sión entre los jóve­nes.

El año pasado, el portavoz de salud pública del gobierno advir­tió que si bien las redes podrían tener benefi­cios, también podrían plan­tear ries­gos para la salud mental de los jóve­nes.

Las inves­ti­ga­cio­nes no ofre­cen pruebas concluyen­tes, y la propia Asocia­ción Esta­do­u­nidense de Psico­logía afirma que “el uso de las redes socia­les no es inhe­ren­te­mente benefi­cioso ni perjudi­cial para los jóve­nes”.

Según la asocia­ción, se nece­sitan más estudios sobre los efec­tos positi­vos y nega­ti­vos de estos servi­cios.

Lo que dicen las fami­lias

Algu­nas accio­nes son inicia­das por los propios jóve­nes usua­rios, otras por sus fami­lias.

En varios de los casos, cien­tos de deman­das individua­les se conso­li­da­ron en deman­das colec­ti­vas en tribu­na­les fede­ra­les y esta­ta­les.

Hay casos de niños que se han quitado la vida después de haber sido acosa­dos ​​en línea o haber visto publi­ca­cio­nes que norma­li­zan y alien­tan el suicidio.

Otros murie­ron después de «desa­fíos» en línea, incluido un juego que impli­caba asfi­xia, o por sobre­do­sis de drogas supues­ta­mente obte­ni­das a través de las plata­for­mas.

No todos los casos invo­lu­c­ran muer­tes. Algu­nos niños han sido vícti­mas de depre­da­do­res sexua­les, otros enfren­tan proble­mas como tras­tor­nos alimen­ta­rios, depre­sión y ansie­dad.

"Los alega­tos prin­cipa­les son que las plata­for­mas se utiliza­ron para viciar a los niños”, dijo el abogado Matthew Berg­man, funda­dor del Social Media Victims Law Center (Centro Jurídico para Vícti­mas de Redes Socia­les), que repre­senta a 2,5 millo­nes de clien­tes en proce­sos judi­cia­les.

Las deman­das argu­men­tan que las empre­sas expo­nen delibe­ra­da­mente a niños y adoles­cen­tes a conte­ni­dos y produc­tos dañi­nos.

También afir­man que la depen­den­cia que provo­can las redes no se produce por casua­li­dad, sino de forma inten­cio­nada, ya que fueron diseña­das para un «uso compul­sivo y exce­sivo».

«Inspi­rán­dose en técni­cas conduc­tua­les y neurobio­lógi­cas utiliza­das en las máqui­nas traga­mo­ne­das y explota­das por la indus­tria taba­ca­lera, (las empre­sas) han incor­po­rado delibe­ra­da­mente en sus produc­tos una serie de carac­te­rís­ti­cas de diseño desti­na­das a maximizar la parti­cipa­ción de los jóve­nes para gene­rar ingre­sos publi­cita­rios», dice una demanda colec­tiva presen­tada por más de 400 fami­lias.

«(Las empre­sas) saben que los niños se encuen­tran en una etapa de desa­rro­llo que los deja parti­cular­mente vulne­ra­bles a los efec­tos adic­ti­vos de estas estra­te­gias. Sin embargo, dirigen (sus esfuer­zos) a los niños en busca de ganan­cias».

Otras acusacio­nes seña­lan que las empre­sas sabían que sus produc­tos podían causar daño a los jóve­nes pero no advir­tie­ron sobre el riesgo ni propor­cio­na­ron instruc­cio­nes sobre su uso seguro, y que los contro­les paren­ta­les y la verifi­ca­ción de la edad son inefi­ca­ces.

También hay acusacio­nes de que algu­nas publi­ca­cio­nes en las redes promueven compa­ra­cio­nes nega­ti­vas sobre la aparien­cia y que las «faci­litan la difu­sión de mate­rial que invo­lu­cra abuso sexual y explota­ción de niños».

«Los defec­tos varían según la plata­forma, pero todos explotan a niños y adoles­cen­tes», afir­man las fami­lias en una de las accio­nes colec­ti­vas.

También hay múlti­ples deman­das presen­ta­das por más de 40 esta­dos de EE.UU., más de 140 distritos esco­la­res y siste­mas hospita­la­rios de todo el país con acusacio­nes simi­la­res.

Lo que dicen las empre­sas

«Las acusacio­nes simple­mente no son cier­tas», le dijo la portavoz de Google, Ivy Choi, a BBC News Brasil.

Choi afirma también que garan­tizar que los jóve­nes tengan una expe­rien­cia segura y salu­da­ble siem­pre ha sido un elemento “funda­men­tal”.

«En cola­bo­ra­ción con exper­tos en juven­tud, salud mental y pater­ni­dad, crea­mos servi­cios y políti­cas para propor­cio­nar a los jóve­nes expe­rien­cias apro­pia­das para su edad y a los padres contro­les sóli­dos», afirma la portavoz.

A su vez, Snap afirmó en una nota a BBC News Brasil que "Snap­chat fue diseñado inten­cio­nal­mente para ser dife­rente de las redes socia­les tradi­cio­na­les, con un enfoque en ayudar a los Snap­cha­tters (usua­rios) a comu­ni­carse con sus amigos cerca­nos".

La compa­ñía señaló como ejem­plo de ello el hecho de que, al abrirse, la apli­ca­ción dirige al usua­rio a una cámara, «en lugar de un feed de conte­ni­dos que fomenta la nave­ga­ción pasiva», y que la plata­forma no cuenta con 'me gusta’ ni comen­ta­rios públi­cos.

Snap destacó además que «la seguri­dad y el bien­es­tar de su comu­ni­dad es nues­tra prin­cipal prio­ri­dad».

TikTok dijo en un comu­ni­cado que la compa­ñía cuenta con meca­nis­mos «pione­ros» para prote­ger a los jóve­nes, incluido un límite automá­tico de tiempo de panta­lla de 60 minutos para meno­res de 18 años y contro­les paren­ta­les para las cuen­tas de adoles­cen­tes, además de haber lanzado un manual para que los padres discutan temas rela­cio­na­dos con la seguri­dad digital con los jóve­nes.

«Conti­nua­re­mos trabajando para mante­ner segura a nues­tra comu­ni­dad mien­tras enfren­ta­mos estos desa­fíos que son comu­nes a toda la indus­tria», dijo la red social.

En respuesta a las acusacio­nes, Meta compar­tió un resu­men de su trabajo para «ayudar a brin­dar expe­rien­cias seguras» a los jóve­nes, seña­lando que cuenta con «alre­de­dor de 40.000 profe­sio­na­les trabajando en áreas rela­cio­na­das con la seguri­dad» y ha inver­tido «más de US$20.000 millo­nes desde 2016».

La compa­ñía dijo que en los últi­mos ocho años, ha desa­rro­llado más de 30 herra­mien­tas y funcio­nes, inclui­dos contro­les que permiten a los padres esta­ble­cer límites para el uso de sus servi­cios por parte de los adoles­cen­tes, ver a quién siguen sus hijos y saber si han denun­ciado a alguien que podría estar acosán­do­los.

Estra­te­gias y obstáculos

Uno de los obstáculos en los juicios contra las redes socia­les en Esta­dos Unidos es la sección 230 de la ley fede­ral que rige el sector de las comu­ni­ca­cio­nes, aprobada en 1996, antes de que las plata­for­mas se popula­riza­ran.

Políti­cos demó­c­ra­tas y repu­bli­ca­nos han inten­tado derogar o revi­sar la sección sin éxito.

El artículo 230 exime a las redes de respon­sa­bi­li­dad por lo publi­cado por terce­ros, lo que difi­culta deman­dar alegando daños sufri­dos por los usua­rios en las plata­for­mas.

Como resul­tado, muchos casos son descar­ta­dos incluso antes de ir a juicio.

Las deman­das actua­les se basan en un argu­mento dife­rente: que los supues­tos daños no resul­tan de publi­ca­cio­nes de terce­ros, sino del hecho de que las plata­for­mas son un producto que tiene «defec­tos».

«Nos centra­mos en el diseño defec­tuoso de estas plata­for­mas», dice Berg­man.

«Y en el hecho de que fueron diseña­das para ser adic­ti­vas y que care­cen de carac­te­rís­ti­cas de seguri­dad bási­cas que, si se imple­men­ta­ran, las harían entre un 80% y un 90% más seguras de lo que son hoy».

Así, en teoría, las empre­sas podrían ser conside­ra­das respon­sa­bles de negli­gen­cia, al no cumplir con su deber de diseñar produc­tos seguros y adver­tir a los usua­rios sobre defec­tos.

Berg­man dice que el simple hecho de que las empre­sas sean deman­da­das ante los tribu­na­les es impor­tante, indepen­dien­te­mente del resul­tado.

«Los ejecuti­vos tendrán que testi­fi­car bajo jura­mento y expli­car cómo se benefi­cian de plata­for­mas que no permiten que utili­cen sus propios hijos», afirma.

Berg­man fundó el Social Media Victims Law Center en 2021, tras déca­das repre­sen­tando a perso­nas perjudi­ca­das por la expo­si­ción al asbesto, en deman­das contra empre­sas por ocul­tar el vínculo del producto con casos de cáncer.

Dice que una de las moti­va­cio­nes para cambiar su campo de acción fueron las revela­cio­nes que hizo una ex empleada de Facebook ese año.

“No sólo quería garan­tizar una compen­sación para las vícti­mas, sino también evitar que otros fueran victi­miza­dos”, afirma.

Berg­man dice que las mismas carac­te­rís­ti­cas de los casos de asbesto apli­can a las redes socia­les.

«Pero el nivel de mala conducta empre­sa­rial que veo en las redes socia­les hace que, en compa­ra­ción, las empre­sas de asbesto parez­can niños de coro».

Los juicios de los prime­ros casos repre­sen­ta­dos por Berg­man no están previs­tos hasta fina­les del próximo año y, según él, aún queda un largo camino por reco­rrer.

Pero el abogado destaca la deter­mi­na­ción de las fami­lias de sacar adelante los casos y evitar que otros pasen por el mismo sufri­miento.

Kris­tina dice que el suicidio de Morgan la inspiró a luchar para ayudar a otras fami­lias.

Dice que mucho ha cambiado desde la muerte de su hija, hace casi diez años, y que hoy hay una mayor concien­cia sobre los proble­mas de salud mental entre los jóve­nes y los ries­gos poten­cia­les de las redes socia­les.

«Los padres deben ser cons­cien­tes de estos peli­gros. Incluso si creen que saben lo que hacen sus hijos, proba­ble­mente no lo sepan».